LA PAZ EN COLOMBIA
Conversaciones entre el gobierno colombiano y los grupos armados insurgentes con miras a acabar el conflicto armado entre las partes. Desde la presidencia de Belisario Betancur ha existido acercamientos firmes con las guerrillas colombianas e, incluso, en 1989, se desmovilizó la guerrilla del M-19. La última hasta el momento había sido en San Vicente del Caguán, durante la fallida zona de despeje en la presidencia de Andrés Pastrana. En la presidencia de Juan Manuel Santos se reiniciaron los diálogos con las Farc.
Los diálogos/negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también conocidos como proceso de paz en Colombia, fueron las conversaciones que se llevaron a cabo entre el Gobierno de Colombia (en representación del Estado) y la guerrilla de las FARC. Estos diálogos tuvieron lugar en Oslo y en La Habana; en este último lugar concluyó el último punto de la agenda de negociación el 23 de junio de 2016. El objetivo, según el gobierno, era la terminación del conflicto con el grupo insurgente; y según las FARC, era «buscar la paz con justicia social por medio del diálogo», según palabras de Iván Márquez, uno de los miembros del equipo negociador de las FARC. El proceso fue suspendido tras el secuestro de un general del ejército. luego de su liberación, se reanudaron los diálogos el 10 de diciembre de 2015. Se había trazado como fecha límite para la culminación de los diálogos de paz entre las partes el 23 de marzo de 2016, pero por «diferencias de fondo» en puntos claves de la negociación, no se cumplió en el tiempo previsto, extendiéndose por tres meses más, hasta el 23 de junio.
La agenda estuvo integrada por cinco puntos, algunos de los cuales coincidian con proyectos que el gobierno de Santos previamente había impulsado, como un proyecto de ley del ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo, la Ley de Víctimas y la Comisión de la Verdad.
Los diálogos/negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también conocidos como proceso de paz en Colombia, fueron las conversaciones que se llevaron a cabo entre el Gobierno de Colombia (en representación del Estado) y la guerrilla de las FARC. Estos diálogos tuvieron lugar en Oslo y en La Habana; en este último lugar concluyó el último punto de la agenda de negociación el 23 de junio de 2016. El objetivo, según el gobierno, era la terminación del conflicto con el grupo insurgente; y según las FARC, era «buscar la paz con justicia social por medio del diálogo», según palabras de Iván Márquez, uno de los miembros del equipo negociador de las FARC. El proceso fue suspendido tras el secuestro de un general del ejército. luego de su liberación, se reanudaron los diálogos el 10 de diciembre de 2015. Se había trazado como fecha límite para la culminación de los diálogos de paz entre las partes el 23 de marzo de 2016, pero por «diferencias de fondo» en puntos claves de la negociación, no se cumplió en el tiempo previsto, extendiéndose por tres meses más, hasta el 23 de junio.
La agenda estuvo integrada por cinco puntos, algunos de los cuales coincidian con proyectos que el gobierno de Santos previamente había impulsado, como un proyecto de ley del ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo, la Ley de Víctimas y la Comisión de la Verdad.
Negociadores.
El total de integrantes por cada delegación estaba limitado a un número de treinta (30) personas, diez de las cuales son las que podían participar de la mesa por ocasión. Cada comisión disponía de un jefe, no obstante todos los miembros eran negociadores y tenían acceso a la divulgación de comunicados conjuntos y unilaterales.
La delegación que designó el gobierno de Santos estuvo liderada por el ex-vicepresidente Humberto de la Calle (como jefe negociador) y contó con la participación también deSergio Jaramillo Caro, Frank Pearl (excomisionado de paz), Luis Carlos Villegas (empresario colombiano), Enrique Santos (hermano del presidente), Alejandro Éder (consejero presidencial), el general en retiro de la policía Óscar Naranjo, y el también retirado, general del ejército Jorge Enrique Mora, entre otros. En tanto que la delegación de las FARC estuvo integrada por alias Iván Márquez (como jefe negociador), "Jesús Santrich", "Rodrigo Granda", "Simón Trinidad" (recluido en una cárcel de Estados Unidos), "Andrés París", "Marcos Calarcá", "Pablo Catatumbo" (quien ingresó al equipo, meses después del inicio del proceso), Tanja Nijmeijer (insurgente de origen holandés), "Sargento Pascuas", "Mauricio Jaramillo", entre otros.
Comisión de las FARC
La delegación de la insurgencia estaba liderada por el comandante del Bloque Caribe Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, comandante del Bloque Occidental y quien ingresara a la delegación meses después de iniciadas las conversaciones; Rodrigo Granda, quien estuvo preso y cuya captura derivó en una crisis diplomática entre el gobierno colombiano de Uribe con el venezolano del fallecido Hugo Chávez. Andrés París, alto mando del Bloque Oriental y negociador del fallido proceso del Caguán; Luis Alberto Albán Burbano, alias "Marcos Calarcá", miembro de la Comisión Internacional de las FARC; Seusis Pausivas Hernández, alias "Jesús Santrich", jefe del Bloque Caribe; Alias "Rubén Zamora", comandante del Frente 33; todos ellos con excepción de Zamora, miembros del Secretariado del Estado Mayor Central. Asimismo, la delegación estuvo también integrada por alias Yuri Camargo, Victoria Sandino Palmera, la guerrillera holandesa Tanja Nijmeijer, alias "Alexandra Nariño", entre otros.
Comisión del Gobierno
Por su parte, la delegación del gobierno del presidente Santos estuvo liderada por el ex-vicepresidente Humberto de la Calle, quien fuera miembro de la Asamblea Constituyente de 1991; Frank Pearl, ex-ministro de ambiente y ex-comisionado de paz; Sergio Jaramillo Caro, sucesor de Pearl como Comisionado de Paz y Luis Carlos Villegas, presidente de la ANDI "Asociación Nacional de Industriales". Los generales en retiro del Ejército y la Policía Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo respectivamente también eran miembros de la comisión oficial.
Puntos en discusión
En el "Acuerdo General" mencionado, se definieron los siguientes puntos de negociación:
1. Política de desarrollo agrario integral
Las FARC han enfocado su propuesta agraria en la creación de lo que estas llaman Territorios Campesinos, que serían territorios de propiedad de la colectividad y manejados por los personajes que la comunidad eligiese para tal fin. Estarían conformados por las actuales Zonas de Reserva Campesina que estarían conformados por 8 millones de hectáreas y por lo que las FARC denominan Zonas de producción campesina de alimentos con 6 millones de hectáreas.
No se ha especificado si se les facilitaran los trámites a los ex-integrantes de las FARC para constituir estos territorios o si accederán a territorios campesinos ya constituidos.
Según las FARC, una vez se firmen los acuerdos: "Los territorios campesinos gozarán de autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural, y en la administración de justicia a través de los mecanismos de la justicia comunitaria. La autonomía se comprende en términos de la capacidad de autogobierno, autogestión y autodeterminación…los territorios campesinos contarán con recursos de origen constitucional, con destinación específica para ellos…de una destinación específica creada de un porcentaje del impuesto al latifundio improductivo, ocioso o inadecuadamente explotado"
Todo esto requerirá a su vez una reforma que permita que estos territorios campesinos se puedan constituir en lo que antes eran zonas de reserva forestal, de baldíos y de latifundios improductivos.
Las FARC han enfocado su propuesta agraria en la creación de lo que estas llaman Territorios Campesinos, que serían territorios de propiedad de la colectividad y manejados por los personajes que la comunidad eligiese para tal fin. Estarían conformados por las actuales Zonas de Reserva Campesina que estarían conformados por 8 millones de hectáreas y por lo que las FARC denominan Zonas de producción campesina de alimentos con 6 millones de hectáreas.
No se ha especificado si se les facilitaran los trámites a los ex-integrantes de las FARC para constituir estos territorios o si accederán a territorios campesinos ya constituidos.
Según las FARC, una vez se firmen los acuerdos: "Los territorios campesinos gozarán de autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural, y en la administración de justicia a través de los mecanismos de la justicia comunitaria. La autonomía se comprende en términos de la capacidad de autogobierno, autogestión y autodeterminación…los territorios campesinos contarán con recursos de origen constitucional, con destinación específica para ellos…de una destinación específica creada de un porcentaje del impuesto al latifundio improductivo, ocioso o inadecuadamente explotado"
Todo esto requerirá a su vez una reforma que permita que estos territorios campesinos se puedan constituir en lo que antes eran zonas de reserva forestal, de baldíos y de latifundios improductivos.
2. Participación Política
Las FARC, han pactado unas zonas afectadas por el conflicto y el abandono donde el Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de X Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total de X Representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal y por X períodos electorales."
A su vez se ha señalado un aumento del presupuesto de los partidos políticos y una especial atención a los partidos que surjan de los diálogos de paz como el partido de las FARC, tanto para su acceso en medios como para la difusión de sus programas.
Las FARC-EP, junto al Gobierno Nacional participarán en las medidas de protección de los candidatos políticos tanto los opositores al proceso de paz como de sus sostenedores, se ha señalado que se implementará el voto electrónico y se expedirán cédulas por todo el país, para aumentar el caudal electoral.
Las FARC y sus líderes no tendrían ningún impedimento para participar en política y no tendrían que pagar ninguna pena carcelería.
Las FARC, han pactado unas zonas afectadas por el conflicto y el abandono donde el Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de X Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total de X Representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal y por X períodos electorales."
A su vez se ha señalado un aumento del presupuesto de los partidos políticos y una especial atención a los partidos que surjan de los diálogos de paz como el partido de las FARC, tanto para su acceso en medios como para la difusión de sus programas.
Las FARC-EP, junto al Gobierno Nacional participarán en las medidas de protección de los candidatos políticos tanto los opositores al proceso de paz como de sus sostenedores, se ha señalado que se implementará el voto electrónico y se expedirán cédulas por todo el país, para aumentar el caudal electoral.
Las FARC y sus líderes no tendrían ningún impedimento para participar en política y no tendrían que pagar ninguna pena carcelería.
3. Fin del Conflicto
La dejación de las armas por parte de las FARC (hecho que, aseguran, debiera estar acompañado de una reestructuración de las fuerzas militares) para su reintegro o ingreso a la vida civil por efectos del marco legal para la paz, proyecto que define la suspensión de proceso judiciales a subversivos. No obstante, la discusión de este punto podría verse dificultada por causa del Estatuto de Roma (suscrito por Colombia) que prohíbe que condenados por delitos de lesa humanidad tengan vida jurídica.
El gobierno y las FARC acordaron este punto el 23 de Junio de 2016, donde se proclama el cese bilateral de las hostilidades en ambos bandos, además del desarme total de la organización subversiva en zonas especiales donde se concentraran los guerrilleros sin presencia de la Fuerza Pública (23 veredas del país que serán llamadas “Zonas Generales Transitorias Veredales de Normalización” y 8 campamentos, donde realizarán la entrega del armamento), cuya verificación estará a cargo de la ONU, organismo al cual las FARC entregarán sus armas para que dispongan de ellas a su conveniencia. El desarme se realizará en un plazo máximo de 180 días a partir de la firma del acuerdo final que se realizará en Colombia.
La dejación de las armas por parte de las FARC (hecho que, aseguran, debiera estar acompañado de una reestructuración de las fuerzas militares) para su reintegro o ingreso a la vida civil por efectos del marco legal para la paz, proyecto que define la suspensión de proceso judiciales a subversivos. No obstante, la discusión de este punto podría verse dificultada por causa del Estatuto de Roma (suscrito por Colombia) que prohíbe que condenados por delitos de lesa humanidad tengan vida jurídica.
El gobierno y las FARC acordaron este punto el 23 de Junio de 2016, donde se proclama el cese bilateral de las hostilidades en ambos bandos, además del desarme total de la organización subversiva en zonas especiales donde se concentraran los guerrilleros sin presencia de la Fuerza Pública (23 veredas del país que serán llamadas “Zonas Generales Transitorias Veredales de Normalización” y 8 campamentos, donde realizarán la entrega del armamento), cuya verificación estará a cargo de la ONU, organismo al cual las FARC entregarán sus armas para que dispongan de ellas a su conveniencia. El desarme se realizará en un plazo máximo de 180 días a partir de la firma del acuerdo final que se realizará en Colombia.
4. Solución al problema de las drogas ilícitas
El cultivo, la producción y tráfico de drogas ilícitas, ha influido en el conflicto armado y la financiación de guerrillas y paramilitares desde hace tres décadas.
Las FARC, plantearon priorizar la erradicación manual como principal método de erradicación de drogas en concertación con los cultivadores y productores de drogas ilícitas, se acordó que los cultivos de las plantas que correspondan a usos ancestrales no se pueden erradicar.
Las FARC junto al gobierno nacional, han sostenido que se considere al drogadicto como a un enfermo.
El cultivo, la producción y tráfico de drogas ilícitas, ha influido en el conflicto armado y la financiación de guerrillas y paramilitares desde hace tres décadas.
Las FARC, plantearon priorizar la erradicación manual como principal método de erradicación de drogas en concertación con los cultivadores y productores de drogas ilícitas, se acordó que los cultivos de las plantas que correspondan a usos ancestrales no se pueden erradicar.
Las FARC junto al gobierno nacional, han sostenido que se considere al drogadicto como a un enfermo.
5. Determinar quiénes son víctimas del conflicto armado
Uno de los puntos a discutir es determinar quiénes son víctimas del conflicto armado (según reiterados comunicados de las FARC, ellos también son víctimas y el Estado ha sido un victimario).
Las FARC-EP, han señalado que el reconocimiento de las víctimas será por colectivos y "habrá un reconocimiento de la calidad de víctimas colectivas al Movimiento Gaitanista, a la Unión Nacional de Oposición, al Frente Democrático, al Partido Comunista Colombiano, a la Unión Patriótica, al Movimiento A Luchar y al Frente Popular, entre otras organizaciones políticas. La Unión Patriótica, por haber sido objeto de un genocidio político, será objeto de un reconocimiento especial." A su vez se considerarán víctimas campesinas, indígenas y sindicales.
«Las FARC EP no nos reconocemos como 'agente victimizante', sino como perseguidos, y en tal condición hemos ejercido nuestro derecho a la rebelión»
Las FARC propusieron la conformación de una comisión de la verdad, que se encargue de lo anterior, comisión también prevista en la Ley del Marco Jurídico de la Paz.
En el desarrollo de la discusión del punto Víctimas, las delegaciones de la Mesa recibieron 60 delegaciones de víctimas del conflicto que compartieron con las partes sus visiones sobre el fin del conflicto y los ítems en discusión.
El acuerdo parcial de este punto fue signado en La Habana el 15 de diciembre de 2015 y contempla la puesta en marcha -tras la firma del Acuerdo Final- de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, una Jurisdicción Especial para la Paz y de medidas concretas de reparación, no repetición.
Uno de los puntos a discutir es determinar quiénes son víctimas del conflicto armado (según reiterados comunicados de las FARC, ellos también son víctimas y el Estado ha sido un victimario).
Las FARC-EP, han señalado que el reconocimiento de las víctimas será por colectivos y "habrá un reconocimiento de la calidad de víctimas colectivas al Movimiento Gaitanista, a la Unión Nacional de Oposición, al Frente Democrático, al Partido Comunista Colombiano, a la Unión Patriótica, al Movimiento A Luchar y al Frente Popular, entre otras organizaciones políticas. La Unión Patriótica, por haber sido objeto de un genocidio político, será objeto de un reconocimiento especial." A su vez se considerarán víctimas campesinas, indígenas y sindicales.
«Las FARC EP no nos reconocemos como 'agente victimizante', sino como perseguidos, y en tal condición hemos ejercido nuestro derecho a la rebelión»
Las FARC propusieron la conformación de una comisión de la verdad, que se encargue de lo anterior, comisión también prevista en la Ley del Marco Jurídico de la Paz.
En el desarrollo de la discusión del punto Víctimas, las delegaciones de la Mesa recibieron 60 delegaciones de víctimas del conflicto que compartieron con las partes sus visiones sobre el fin del conflicto y los ítems en discusión.
El acuerdo parcial de este punto fue signado en La Habana el 15 de diciembre de 2015 y contempla la puesta en marcha -tras la firma del Acuerdo Final- de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, una Jurisdicción Especial para la Paz y de medidas concretas de reparación, no repetición.
6. Mecanismos de refrendación de los acuerdos
Las FARC han insistido en que el método de refrendación de los acuerdos sea una Asamblea Nacional Constituyente que tenga 141 integrantes, tanto elegidos como surgidos de cuotas de participación asignadas, "la Asamblea estará compuesta por representantes de las fuerzas guerrilleras (...) en número que será definido como parte de un eventual Acuerdo final".
Por su parte, el gobierno insiste en un plebiscito que avale los acuerdos, el cual fue aprobado por el Congreso de la República en 2015 mediante proyecto de ley, y que pasará a revisión por parte de la Corte Constitucional. En caso de quedar avalado por la Corte, la probable fecha para realizar el referendo sería entre junio y julio de 2016.
El gobierno y las FARC acordaron el 23 de Junio de 2016 la refrendación a través del plebiscito, en espera del fallo de la Corte Constitucional que favorezca este mecanismo de participación ciudadana, cuya fecha de realización sería en Septiembre de 2016.
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